En una sociedad democrática como la que vivimos, con sus lagunas incluidas, las normas y sus instituciones tienen un papel fundamental que desempeñar. Sin normas que regulen las relaciones de convivencia, en toda su amplitud, y sin instituciones que garanticen el cumplimiento y buen funcionamiento de las mismas, la vida en comunidad se haría muy difícil cuando no imposible.
La amplitud del ordenamiento jurídico trata de recoger toda la casuística conocida y probable, trata de dar respuesta apropiadas y equilibradas a comportamientos que perturben o dificulten la deseable convivencia democrática. Y, en su intención de salvaguardar el interés general, nuestro ordenamiento jurídico se dota de jueces independientes (responsables de aplicar la ley, o sea, interpretar la norma. "Juzgar y hacer cumplir lo juzgado".) De otra parte, el Fiscal, como garante de los intereses del Estado, debe servir como contrapeso de los intereses particulares y preservar los principios de legalidad e imparcialidad para que, en cualquier supuesto, queden garantizado el interés público y social.
Pero, ¿qué sucede cuando los mecanismos creados para salvaguardar la deseable y mejorable convivencia ciudadana fallan? ¿Existen herramientas correctoras que eviten los efectos perniciosos derivados de un error? Las normas, y los valores que las inspiran, no dejar de ser palabras escritas, por muy elevados y nobles intereses que las sustentes. Las instituciones donde se elaboran e interpretan estas normas están conformadas por personas y "errar, está reconocido de antiguo, es humano".
Esta carta denuncia el error que se comete al condenar a CARLOS Y CARMEN por un crimen superior al realizado, si de crimen puede calificarse lo acontecido aquella noche del pasado 29 de mayo de 2012.
Volvamos, por un momento, al contexto social que rodearon aquellos hechos. Alrededor de 5'5 millones de personas se hallaban sin empleo; más de medio millón de personas, no tenían ningún tipo ingresos en sus hogares; el trabajo en precario, mal pagado y en negro aumentaban preocupantemente; se asistió a un crecimiento inusitado de personas acudiendo a comedores sociales; se produjo un aumento alarmante de personas que perdían sus hogares por no poder hacer frente al pago de sus hipotecas; conocimos informes, como el de Cáritas, que evidenciaban el empobrecimiento del país y los duros efectos provocados en las capas más vulnerables de la sociedad: menores con una única comida al día, aumento de la desnutrición infantil, exclusión social, aumento de la pobreza, cortes en los suministros básicos de agua, luz y gas por impago de las facturas... Este era el contexto social en el que se desarrolló aquella huelga general, no lo olvidemos y, además, fue autorizada por el gobierno.
El contexto concreto del caso de CARLOS Y CARMEN fue muy similar al de otros piquetes informativos. A las 00'00, de la madrugada del 28 al 29 de mayo, se inicia la huelga. A estas horas de la noche, los únicos establecimientos abiertos son, fundamentalmente, bares de copas, y la función de los piquetes consiste en informarles del inicio de la huelga e instarles a que cesen su actividad laboral y se sumen, mediante el cierre del establecimiento, a las reclamaciones de la huelga. El piquete del que formaban parte, alrededor de treinta personas, acompañado por una patrulla de policía en todo su recorrido, llegaron a “La Champangería” (C/Martínez Campos) y la propietaria del local, se negó a participar en la huelga y, por tanto, se negó a cerrar el local. El piquete coreó consignas, pegó pegatinas por paredes y mesas y realizó una pintada en un cristal. La dueña llamó a la policía y se identificaron a varias de las personas allí presentes. No hubo agresiones físicas, no hubo daños al inmueble ni al mobiliario. Todo quedó reducido a la tensión del momento, a las pegatinas y a la pintada.
¿Qué ha hecho diferente este piquete de otros? Nada de nada. Lo que ha hecho diferente este caso a otros, fueron los hechos sucedidos con posterioridad. Nadie podía imaginar que se llegara a un juicio y, menos aún, que el fiscal solicitara una "castigo ejemplarizante": un año de prisión. Pero, aún, era menos imaginable que el juez, en su sentencia, considerando el rogatorio fiscal de dar un "castigo ejemplar" en las personas de Carlos y Carmen, rectificara la petición de un año de prisión por otra superior, y la elevara a tres años y un día de prisión.
Confluyen aquí, circunstancias donde los mecanismos previstos para preservar la apacible convivencia ciudadana, lejos de alcanzarla, la violentan más. La ley, las normas, están para cumplirse y cuando media un conflicto entre particulares (piquete informativo/propiedad del local), como es el caso, serán los tribunales de justicia los encargados de mediar e impartirla. Sin embargo, en este caso concurren dos peculiaridades que lo convierten en diferente y especialmente sensible. De una parte, el castigo infligido a Carmen y Carlos, solicitado por el fiscal, como escarmiento, no guarda proporción con el daño causado (Lo que se produjo fueron gritos y una pintada, no medió violencia física ni daños materiales). Por otra parte, la inmediatez en el ingreso en prisión solicitada por el juez.
Cuando en la justicia se evidencia nepotismo y diferencia de trato, según quién sea el reo, la Justicia pierde su valor de intermediación y arbitraje en la ciudadanía y, lejos de cumplir su fundamental papel, como reglas para las buenas relaciones de convivencia en la comunidad, se convierte en causa de desafección y en motivo de perturbación de la paz social.
Ejemplos comparativos que evidencian el favoritismo y la diferencia de trato, según quien sea el reo.
Respecto a la proporcionalidad de la pena. La reciente sentencia en el caso de la Caixa Penedés, donde su directiva, ha quedado demostrado, se apropiaron de varias decenas de millones de euros y, por reconocer el delito y devolver los millones, se acuerda aceptar la petición del ministerio fiscal, una vez que esta ha sido reducida hasta eludir la entrada en prisión. En cambio, en el caso de Carlos y Carmen, el fiscal, no sólo no les rebaja la pena solicitada por reconocer su participación en el piquete (junto a una treintena de personas más) y proponer a la dueña del local trabajar gratis hasta resarcir los gastos solicitados, sino que el juez, decide aumentarla hasta tres años y un día. (Tampoco se aceptan, las cartas de autoinculpación firmadas por el resto del piquete, ni se admite la prueba caligráfica que demuestre que no fueron quienes realizaron la pintada)
Respecto de la inmediatez del ingreso en prisión. Cabe compararlo con personajes del mundo del toreo y el fútbol como Ortega Cano y J. Mª del Nido que, con sentencias en firme, no entran en prisión hasta después de resolverse el indulto. Por el contrario, en el caso de Carlos y Carmen, sendas comunicaciones, la de ingreso en prisión y la de búsqueda y captura efectuada a la policía, se firman a la par, o sea, se ordena que entren en prisión el mismo día que se les comunica, sin dar ocasión de solicitar indulto, es decir, no se les permite, siquiera, una presentación voluntaria que pueda conllevar posibles beneficios penitenciarios futuros.
Estas son las causas por las que el caso de Carlos y Carmen claman justicia, generan solidaridad, trascienden fronteras territoriales e ideológicas, profesionales e institucionales. Las amplias sinergias que el caso de Carlos y Carmen siguen generando, denuncian el trato desigual para con unas u otras personas respectos de la proporcionalidad de las condenas, y respecto de la arbitrariedad mostrada en los tiempos y plazos para ingresar en prisión.
Con esta carta solicito, públicamente, el INDULTO PARA CARLOS Y CARMEN Y, mientras este se resuelve, QUE NO ENTREN EN PRISIÓN. Es clemencia que pido a:
D. Manuel Piñar Díaz
Magistrado-Juez Titular del Juzgado Penal nº 1
Av. Sur, 1-3-5
18014 Granada
D. Jesús María García Calderón
Fiscal Superior de Andalucía
Palacio de Chanchillería
Plaza Nueva, 10
1807 Granada
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